Rendición. Fracasó aditivo para limitar ingresos a comunas

DANIEL ISGLEAS

El análisis de la Rendición de Cuentas 2008 y la ejecución presupuestal del último año completo de gestión del gobierno, dio lugar a un mano a mano entre frenteamplistas y blancos con la campaña electoral de telón de fondo.

El choque abierto de los diputados del Partido Nacional con los del Frente Amplio, contrastó con la actitud del candidato blanco Luis Alberto Lacalle, que evita entrar en el juego de provocaciones del oficialismo.

La arremetida inicial partió del diputado de Alianza Nacional, Jorge Gandini, cuando cuestionó los números oficiales sobre funcionarios públicos ingresados bajo este gobierno. Así, Gandini indicó que hay 14.242 funcionarios públicos más que a fin de 2004, y consideró "un error" las afirmaciones del director de la OPP, Enrique Rubio, del lunes 10, en cuanto a que esos cargos son regularizaciones y no ingresos. "Estos 14.242 funcionarios más son el resultado neto entre altas y bajas. No son regularizaciones", dijo Gandini.

A lo largo del debate, los blancos criticaron en general la política de viviendas, los resultados obtenidos con la asignación presupuestal en educación pública, y el déficit fiscal.

Oficialismo. Pese a nombrar reiteradamente a Lacalle al recordar comentarios suyos sobre las inversiones o el gasto estatal, la estrategia de la bancada oficialista fue la de no confrontar abiertamente con la oposición. La defensa de las acusaciones fue de relativa intensidad. Aun así, hubo algunas reacciones. Por ejemplo, el diputado Héctor Tajam (MPP), sostuvo que el gasto público ha estado alineado al crecimiento de la economía. Los tres vértices de la gestión económica del gobierno fueron, para Tajam, el crecimiento y la distribución del ingreso en forma simultánea; la mejora del empleo y el salario; y el hecho de no crear una "burbuja" financiera. Concluyó con una alusión electoral: "La gente lo va a reconocer".

El frenteamplista Doreen Ibarra (Fidel) subrayó que la inversión en el país se ha mantenido estable en este gobierno. Su colega de Asamblea Uruguay Alfredo Asti destacó los logros en materia de crecimiento de la economía, y los diputados Eduardo Brenta y Silvana Charlone apoyaron las cifras oficiales sobre funcionarios públicos y negaron los dichos de Gandini.

Ibarra afirmó más tarde su "repudio" a los dichos de Laca-lle cuando llamó a los inversores a esperar a saber quién ganará las elecciones para traer su dinero al país.

INGRESO A COMUNAS. En medio de ese debate, el plenario de Diputados no consiguió aprobar un artículo adicional a la Rendición de Cuentas estableciendo que las intendencias solamente podrán incorporar funcionarios por concurso o por sorteo.

Para aprobar esta disposición se necesitaban 2/3 de componentes de la Cámara, es decir 66 votos. Pero solamente hubo 62 manos en alto, que fueron aportadas por la totalidad de la bancada del Frente Amplio -autora de la iniciativa-, el único diputado colorado que permaneció en sala, Andrés Oribe; el representante del Partido Independiente, Iván Posada; y los nacionalistas Federico Casaretto, Carlos González Álvarez, Álvaro Alonso, Pablo Iturralde, Carlos Enciso, Adriana Peña y Jorge Gandini.

El frenteamplista Brenta lamentó que no se hubiera aprobado el aditivo, diciendo que supone "un paso atrás" en la tarea de evitar prácticas clientelísticas en los gobiernos departamentales.

Gustavo Borsari, de UNA, apuntó que este tipo de medidas hay que tomarlas "cuando empieza un gobierno y no cuando se va", en referencia al poco tiempo que resta para finalizar la administración de Tabaré Vázquez.

El nacionalista José Carlos Cardoso, en tanto, sostuvo que el Frente Amplio debió promover esta medida en las ocho intendencias donde gobierna.

Varios intendentes se manifestaron en contra del proyecto. La semana pasada, el Congreso de Intendentes advirtió en un comunicado que esta disposición afecta la autonomía de las comunas, consagrada por la Constitución.

Juicios por US$ 1.000 millones podrían recaer sobre el Estado

El Estado uruguayo podría verse obligado por la Justicia a pagar cerca de US$ 1.000 millones en caso de prosperar acciones iniciadas por 29 empresas constructoras cuyos contratos con el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay no fueron cumplidos por el gobierno, debido a decisiones tomadas por las autoridades de esos organismos a partir de 2005.

La advertencia que lanzó el diputado herrerista Gustavo Borsari fue hecha en el marco de la discusión de la Cámara de Representantes por la Rendición de Cuentas 2008, en su capítulo referido a la construcción de viviendas por parte del Estado.

El legislador destacó el incumplimiento de las promesas fijadas como metas de viviendas en el Plan Quinquenal de Vivienda 2005-2009, donde el Frente Amplio se comprometió a realizar 93.800 soluciones habitacionales.

"El fracaso ha sido estrepitoso puesto que del análisis de las cifras brindadas por el gobierno surge que sólo se realizarían 24.000 soluciones habitacionales al culminar el período", afirmó Borsari.

En relación con los juicios, dijo que los mismos han sido promovidos por empresas de larga actuación en la industria de la construcción, hecho que dijo que el gobierno "ha mantenido en silencio".

TEMA DE ESTADO. Borsari indicó que después de la deuda externa, "si se confirma por parte de la Justicia, esta será la deuda más grande del Estado".

El diputado planteó que el actual y el próximo gobierno deben tomar este asunto como "un tema de Estado".

Borsari defendió la gestión del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995). Recordó que aquel gobierno completó más de 56.000 soluciones habitacionales, y afirmó que el gobierno del Frente Amplio, como la Intendencia de Montevideo "no han hecho absolutamente nada por erradicar los asentamientos irregulares", situación que indicó que "ha condenado a miles de compatriotas a vivir en condiciones desesperantes".

Uno de los diputados oficialistas que respondió a Borsari defendiendo la política de vivienda fue Alfredo Asti, que dijo que "habría que ver lo que fue (el BHU) y lo que es hoy".

También el diputado frenteamplista Héctor Tajam intervino en esta parte del debate, para sostener que este gobierno "recuperó" al BHU "luego del caos de administraciones anteriores".

"CLIENTELISMO" COn NAMÚS

El diputado nacionalista Jorge Gandini respondió con datos concretos cuando desde la bancada oficialista le pidieron pruebas de sus acusaciones sobre clientelismo político con dineros públicos. "Ha habido ingresos directos y a dedo o concursos para vestir la novia y simular un concurso", dijo en sala. Además, planteó que el gobierno "hizo creer" a la gente que la boxeadora Cris Namús es "una estrella del deporte". "Era campeona mundial, pero de un club muy chiquito en el que compiten muy pocas", dijo Gandini, para agregar que "ha sido beneficiada con un acomodo" del gobierno "porque en su momento firmó por la reelección" del presidente Tabaré Vázquez, luego "por la anulación de la ley de Caducidad" y tercer lugar "adhirió a Danilo Astori" como candidato presidencial oficialista. "Y ahora resulta que no es campeona. Pero le vamos a seguir pagando a través de Antel US$ 2.000 por mes y le contratamos al novio, ex boxeador, como guardaespaldas del ex vicepresidente del organismo Gonzalo Perera. Esta es una forma de transferir recursos públicos por favores políticos. Esto también es clientelismo", sostuvo el diputado. Desde el oficialismo no hubo respuestas.

El País Digital